California aplaza decisión sobre Ley de Seguridad del Boxeo Profesional en medio de rechazo

El lunes, la Comisión Atlética del Estado de California decidió posponer la discusión sobre la propuesta de modificar la Ley de Reforma del Boxeo Muhammad Ali, luego de recibir una ola de críticas. Durante la audiencia pública, todas las intervenciones se manifestaron en contra de las enmiendas planteadas.

La normativa vigente, conocida también como Ley de Seguridad del Boxeo Profesional de 1996, protege a los púgiles de abusos contractuales y prácticas anticompetitivas. El debate actual gira en torno a la llamada Ley de Renacimiento Ali, respaldada por el grupo TKO y su proyecto de Zuffa Boxing.

El director ejecutivo de CSAC, Andy Foster, había adelantado que apoyaría los cambios. Sin embargo, la presión pública modificó el panorama. Según explicó un comisionado, la audiencia registró la mayor cantidad de comentarios recibidos en la historia reciente del organismo, lo que obligó a reconsiderar la decisión.

Ante la magnitud del rechazo, la comisión resolvió crear un subcomité encargado de recopilar información adicional. La recomendación final será evaluada en diciembre, cuando se retome la discusión. Cada participante de la audiencia contó con dos minutos para expresar su postura frente a la polémica iniciativa legislativa.

Críticas al modelo de Organización de Boxeo Unificada

El proyecto plantea la creación de una Organización de Boxeo Unificada (UBO), inspirada en el modelo empresarial de la UFC. Este sistema implicaría escalas salariales fijas, igualdad entre hombres y mujeres, eliminación de tarifas de sanción y controles antidopaje, aunque con escasa claridad sobre su implementación práctica.

Varios participantes advirtieron que la medida generaría un monopolio similar al que enfrentan las artes marciales mixtas. Según destacaron, la falta de pluralidad podría limitar la competencia por títulos, reducir la transparencia en clasificaciones y sujetar a los boxeadores a contratos restrictivos que frenarían sus carreras deportivas y su estabilidad económica.

El abogado canadiense Erik Magraken sostuvo que el modelo propuesto autorizaría “contratos coercitivos”, donde el promotor dictaría las condiciones de los combates. En sus palabras, quienes se negaran a aceptar las imposiciones quedarían expuestos a la congelación de contratos, lo que equivaldría a un freno directo en sus carreras profesionales.

Aunque algunos reconocieron beneficios como el establecimiento de un salario mínimo de $150 dólares por round y mejoras en seguros médicos, la mayoría de los comentarios coincidieron en que estas medidas eran una fachada. Para ellos, el verdadero trasfondo es la concentración del poder en manos de un solo promotor.

Entre los intervinientes hubo periodistas, abogados, expeleadores de MMA, creadores de contenidos y entrenadores. Rachel Donaire, esposa y mánager del excampeón Nonito Donaire, afirmó que la propuesta “desmantela la única ley que protege a los boxeadores”. Enfatizó que la Ley Ali es “sagrada” y un pilar de la transparencia.

Carla Durán, copresidenta del Comité de la Voz del Atleta, pidió fortalecer la ley actual en lugar de debilitarla. Según dijo, extender sus protecciones a otras disciplinas de combate sería más beneficioso que reemplazarla con un marco regulatorio que pondría en riesgo los derechos de los púgiles.

Aunque Foster admitió haber recibido cartas de apoyo, entre ellas de Tom Brown, de TGB Promotions, el balance de la audiencia fue contundente. Por ahora, la propuesta queda en suspenso y el futuro de la Ley de Renacimiento Ali dependerá del análisis que realice el subcomité en los próximos meses.