Ludo Sáenz Lorenzo-LuacesEl boxeo mundial podría estar a las puertas de una de las batallas legales más impactantes de su historia moderna. El veterano promotor británico Frank Warren, cabeza de Queensberry Promotions, estaría preparando una demanda por hasta 1.000 millones de dólares contra la promotora saudí Sela y el gigante corporativo TKO Group Holdings, matriz de Zuffa Boxing.
Según un reporte publicado por The Telegraph, el conflicto gira en torno a presuntos incumplimientos contractuales y a la exclusión de Queensberry de una estructura empresarial que hoy concentra buena parte del poder emergente del boxeo internacional.
Warren fue uno de los primeros grandes promotores británicos en involucrarse de lleno en la expansión del boxeo hacia Arabia Saudita. El punto de inflexión fue el combate crossover entre Tyson Fury y Francis Ngannou en octubre de 2023, evento que abrió definitivamente la puerta a la presencia constante de figuras de Queensberry en las carteleras de Riad.
Desde entonces, nombres como Agit Kabayel y Hamzah Sheeraz se convirtieron en habituales protagonistas bajo el paraguas de los eventos impulsados por la Autoridad General de Entretenimiento saudí, presidida por Turki Alalshikh.
Queensberry sostiene que en 2023 firmó un acuerdo con Sela para proporcionar servicios de promoción, estructura operativa y asesoría estratégica en la construcción de grandes veladas. Ese acuerdo habría dado acceso a información sensible, metodologías internas y datos comerciales clave sobre cómo estructurar espectáculos de primer nivel.
El conflicto se agrava con la consolidación de una poderosa alianza que incluye a TKO Group —empresa vinculada al ecosistema de la UFC y WWE— con figuras como Dana White y Nick Khan en posiciones estratégicas.
La nueva estructura, Zuffa Boxing, no perdió tiempo: firmó un acuerdo de transmisión con Paramount+, inició conversaciones con Sky Sports y comenzó a reclutar talento de alto nivel.
Entre sus incorporaciones más destacadas figuran el campeón mundial crucero Jai Opetaia y el británico Conor Benn, además de una base que rondaría ya el centenar de peleadores bajo contrato tras apenas unas pocas funciones.
La posición de Queensberry es clara: alegan que tanto Sela como TKO incumplieron acuerdos previos y utilizaron información confidencial obtenida durante la relación contractual para estructurar una nueva compañía sin incluirlos.
El reclamo económico —estimado en 1.000 millones de dólares— estaría basado en pérdidas proyectadas de ingresos, oportunidades comerciales y participación en eventos de alto perfil. De no alcanzarse un acuerdo, Warren estaría dispuesto a llevar el caso ante el Tribunal Superior británico.
Desde Sela, un portavoz calificó las acusaciones como “infundadas” y aseguró que las rechazan en su totalidad, anticipando una defensa firme ante cualquier procedimiento judicial.
Más allá del aspecto legal, este caso simboliza un enfrentamiento más profundo: la vieja guardia promotora europea frente al nuevo bloque corporativo respaldado por capital saudí y conglomerados globales del entretenimiento.
Promotoras tradicionales como Queensberry han sido arquitectos del boxeo moderno en Reino Unido durante décadas. Sin embargo, la irrupción de alianzas multimillonarias con estructuras propias de ligas cerradas y control centralizado amenaza con cambiar el modelo de negocio tal como se conocía.
La frase pronunciada meses atrás por Turki Alalshikh, asegurando que la nueva liga “aplastaría todo” en poco tiempo, hoy adquiere un matiz distinto en medio de esta tormenta jurídica.
Si la demanda prospera, podría sentar un precedente clave sobre confidencialidad, asociaciones estratégicas y derechos de promoción en la nueva era del boxeo globalizado. Si no, marcaría el consolidado dominio de la nueva estructura empresarial sobre el panorama internacional.
Lo que es seguro es que la pelea no será sobre el ring. Será en tribunales. Y el resultado podría redefinir el equilibrio de poder en el boxeo mundial durante la próxima década.
